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Resolucion confirmatoria de la Suprema Corte.

Buenos Aires, Abril 23 de 1891.

Vistos. Resulta de autos:

Que las personas cuya libertad se reclama en esta causa fueron detenidas y presas en la mañana del 30 del próximo pasado mes de Marzo, á bordo del buque de guerra chileno “Pilcomayo,“ surto en este puerto, como autores ó participes de un motin militar acaecido á bordo de dicho buque y producido por individuos de la tripulacion del mismo, de que hacían parte las personas indicadas en calidad de marineros;

Que el mismo dia que se produjo la sublevacion mencionada el Señor Ministro de Chile solicitó del Poder Ejecutivo de la República se le permitiese mandar los heridos á consecuencia de aquel suceso á algunos de los hospitales de esta ciudad y los marineros autores ó cómplices de la sublevacion en calidad de presos á su disposicion á la Prefectura Marítima de esta capital, por manifestar no tener la “Pilcomayo, “ á la sazon en desarme, la comodidad necesaria para mantener los heridos ni la seguridad requerida para guardar los presos sin exponer á unos y otros á sufrimientos;

Que el señor Presidente de la República, juzgando como un deber de humanidad y cortesía acceder al servicio solicitado, dispuso que los heridos referidos se trasladaran a los hospitales locales y los marineros cuya nómina especifica la demanda de fojas 1, á la Prefectura Marítima, á disposicion del citado señor Ministro de Chile, por el término de tres dias, que se prorogó posteriormente por tres más;

Que desembarcadas finalmente y puestas en tierra las personas dichas, en virtud de aquella disposicion, al vencer el primero de los plazos referidos, el señor Ministro de Chile solicitó le fueran ellas devueltas para ser conducidas á bordo de la cañonera nombrada, y el Poder Ejecutivo se negó á ello por estar ya sometido el caso á la justicia de la Nacion;

Y considerando :

Que los antecedentes todos de esta causa conducen necesariamente á establecer que los hechos imputados á los reclamantes y que dan lugar a la prision en que se hallan ellos constituidos, han sido cometidos con un fin esencialmente político y con el pensamiento solo de prestar ayuda y cooperacion al partido político levantado en armas y actualmente en guerra contra el Gobierno de su país;

Que como infracciones de órden político y como actos de insurreccion y hostilidad contra el orden político del estado á que sus agentes pertenecen y cuya bandera lleva el buque á cuyo bordo han sido cometidos pueden y deben en consecuencia ser tratados exclusivamente esos hechos;

Que si ellos envuelven infracciones de otro órden, si comprometen y afectan, por ejemplo la disciplina militar, ello no los desnaturaliza sin embargo, ni los priva de su carácter principal y propio, por no ser esas infracciones sino elementos naturales y medios comunes de accion dentro de los propósitos y fines con que han sido cometidas;

Que tratándose de delitos políticos ó de delitos conexos con delitos políticos, las disposiciones de la legislacion positiva del pais (véase el art. 3.o inciso 2.o de la ley Nacional de 25 de Agosto de 1885) y los principios universalmente consagrados en el derecho internacional público, establecen coino una regla invariable la inviolabilidad de las personas comprometidas en ellos, una vez salidas de los límites jurisdiccionales del país contra el cual se han llevado a cabo, y colocan å sus autores bajo la garantía moral del estado sobre el territorio del cual se encuentran ;

Que contra esta regla de justicia, de humanidad y de buena política que hace parte del derecho público nacional y que consagran la práctica y tratados internacionales del mundo civilizado, no puede darse validez ni eficacia á acto alguno, que, sin tener gu fundamento en un precepto expreso de la legislacion propia ó en un tratado competentemente concluido, pueda servir á violarla en s'is fines fundamentales y destruir las garantías principales que ella consagra;

Que son estos los principios que rigen en el derecho internacional en relacion á los prisioneros de guerra, ya sea esta pública ó de nacion á nacion, ya meramente insurreccional ó civil, enseñándose uniformemente á su respecto, que si bien en virtud del principio de exterritorialidad de que por concenso universal gozan los buques armados de las naciones extranjeras, pueden dichos prisioneros ser mantenidos como tales ilimitadamente á bordo en aguas territoriales de un estado neutro, recobran enteramente su libertad tan luego de pisar el suelo de éste, aun cuando hayan sido desembarcados en calidad de presos, por no ser permitido atacar al enemigo en país neutral ni continuar en él ningun género de hostilidades, y reputarse que conducir prisioneros, lo mismo que lle. var el botin á paraje seguro, son actos de guerra y procedimientos de hostilidad que ningun beligerante puede legitimamente pretender ni el estado neutro acordar sin salir de los limites de la neutralidad y favorecer á un partido contra otro;

Que así, es de doctrina aun con aplicacion á guerras civiles que “el estado néutro que presta el apoyo de fuerza pública para mantener en estado de cautividad soldados de los beligerantes durante su permanencia en su territorio, toma parte indirectamente en la guerra y comete una violacion flagrante de la neutralidad" y que “el derecho que el enemigo tiene sobre los prisioneros que han caído en su poder, no puede ser transferido á un neutral“ (1 Kent's commentaries 109; Vattel, Le droit, liv. 3, ch. 7, § 132; Bluntschli; $S 769 y 785; Bello, Principios del derecho internacional, 3a edd. págs. 180 y 231; Calvo, Le droit international, 4a ed., SS 2848 y 2340);

Que en el caso de actos de hostilidad ó de guerra civil llevados á cabo por insurgentes de un estado extranjero en aguas territoriales de otro estado, que es precisamente el caso en cuestion, la regla consagrada en el derecho internacional es igualmente la de poner en libertad las personas de los últimos, si no se han hecho justificables por sus actos ante los tribunales del país en que estos se han perpretado, y solo entregar al gobierno del estado extranjero las naves ó cosas tomadas á aquéllos (Calvo, obra cit., vol. 2, número 1146 y siguientes);

Que del punto de vista de la Constitucion y leyes internas de la Nacion es de precepto expreso que nadie puede ser mantenido en prision en ella sin órden escrita de autoridad competente; que nadie puede serlo tampoco por hechos que la ley no haya clasificado de antemano como delitos; y que todo aquel, finalmente, que se halle restringido de cualquier manera en su libertad individual puede ocurrir por sí ó por medio de sus parientes ó amigos á la autoridad judicial competente, pidiendo que se investigue la causa de su prision, y en caso de resultar ésta impuesta por autoridad incompetente por la ley para dictarla, se ponga al preso inmediatamente en libertad;

Que las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo en lo que se refiere al mantenimiento de las relaciones exteriores de la República con las potencias extranjeras no son contrarias á estas disposiciones, que tienen por objeto garantir la seguridad personal de todos los que habitan el territorio de la República, sean nacionales ó extranjeros, contra prisiones ilegales, poniéndolos inmediatamente bajo el amparo de los tribunales de justicia, y que son de rigurosa aplicacion en todos los casos, salvo aquellos en que la Constitucion, por razones supremas de órden y conservacion social, dispone expresamente lo contrario;

Que haciendo aplicacion de estas consideraciones al caso en cuestion, ya del punto de vista del carácter esencialmente político que revisten los hechos imputados a las personas mencionadas en la demanda, ya del que se refiere a la seguridad individual y condiciones propias de libertad de los prisioneros de guerra ó insurgentes tomados por actos de hostilidad en aguas territoriales de pais neutral, ya finalmente, del que alude á las garantías y remedios que la Constitucion y las leyes consagran sin distincion a la seguridad personal dentro de todo territorio de la Nacion, resulta evidente que ni el acto de la Legacion de Chile haciendo entrega de las personas referidas como presas á la autoridad ejecutiva del país por insufi

com

ciencia de medios, impotencia ó incapacidad propia para mantenerlas á bordo, ni el procedimiento de la última recibién. dolas en tal calidad por una mera razon de cortesía, sin obligarse á mantenerlas en secuestro más allá de lo que las leyes del pais le permitieren, y negando en tal concepto posteriormente su devolucion, pueden legitima y válidamente oponerse á la libertad inmediata á que tienen derecho los detenidos;

Que el Procurador General de la Nacion, consejero legal del Presidente de la República, ha concluido igualmente en esta causa solicitando la libertad de los reclamantes.

Por estos fundamentos y sin entender resolver punto alguno que ataña á relaciones de carácter político, que conciernen puramente al Poder Ejecutivo, la Suprema Corte resuelve confirmar y confirma el auto apelado de foja 17, y ordena en consecuencia que las personas en él mencionadas, sean puestas inmediatamente en libertad; y devuélvanse los autos.

BENJAMIN VICTORICA.-C. S. DE LA TORRE.

-Luis V. VARELA. — ABEL Bazan. — Luis SAENZ PEÑA.

Legacion de Chile.

en las Repúblicas del Plata

Buenos Aires, Abril 24 de 1891.

Despues de la sublevacion á bordo de la cañonera “Pilcomayo“ que tuvo lugar el 30 de Marzo último en combinacion con asaltantes de tierra, el capitan de fragata don Estanislao Lynch, comandante del buque, pidió y obtuvo de la Prefectura Marítima que por dos ó tres dias se mantuvieran en tierra en clase de detenidos á diez de los tripulantes en servicios y á dos de los asaltantes que poco antes habían desertado que eran los que aparecían comprometidos en esos delitos, mientras se instruia el sumario que diese á conocer la responsabilidad que

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