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reales, i con aprobacion suya, siempre que guardaban buena correspondencia con el obispo; pero que faltando esta con cualquier motivo se- les exhortaba i notificaba sobre que conforme a la lei no se encerrase en los monasterios a persona alguna sin pedir ausilio a las justicias reales, las cuales no lo daban sin conocimiento de autos, los que no con venia ejecutar muchas veces por tocar los delitos en personas casadas, o de tal carácter, que sería el hacerlos contra las leyes de la caridad i aun de justicia, suplicando se diese providencia para que- en materia de tanta gravedad i consecuencia, no solo no se introdujesen las justicias, sino que diesen el ausilio que para ello pidiesen dichos ministros eclesiásticos, pues de lo contrario quedarian los escándalos i pecados sin la correccion que merecian por ser impracticable otro ningun medio."

La carta episcopal que acaba de leerse revela un hecho que merece considerarse con alguna detencionTodos los años, la autoridad eclesiástica publicaba un edicto para que se le- denunciasen los amancebamientos i otros escándalos contra el sesto mandamiento del decálogo.

En seguida, reeibia con la mayor reserva las delaciones; i en vista de ellas, determinaba lo que le parecia conveniente, sin mas auto ni traslado.

Si el juez eclesiástico creia que habia culpables, mandaba encerrar a la mujer en un monasterio, sin dar aviso a nadie; i en cuanto al hombre, se pedia a la justicia ordinaria que lo encarcelase o desterrase, sin apoyar la demanda con ninguna informacion.

Esta era la práctica, i practica antigua* segun el señor Romero.

El procedimiento no podia ser mas espedito.

Mientras habia existido buena armonía entre la audiencia i el prelado, siempre segun el señor Romero, nadie habia reclamado contra esta manera de obrar, que el obispo encontraba mui razonable por los numerosos fundamentos que apunta en su carta al rei; pero habiéndose, desgraciadamente, alterado esa armonía, la audiencia habia comenzado a exijir que ningun infractor del sesto mandamiento pudiera ser encerrado en un monasterio, si era mujer; o encarcelado o desterrado, si era hombre, sin que se solicitara ausilio de la justicia real, con acompañamiento de autos.

Como se ve, no se negaba a los jueces eclesiásticos la facultad de castigar con penas materiales a los reos de lujuria; lo único que se les exijia era que justificaran ante los majistrados reales los antecedentes de la providencia mediante la competente informacion.

Toda la cuestion se reducia a saber sí los obispos i jueces eclesiásticos podían condenar a destierro o prision, reservando los motivos que los hubieran movido a ello; o si debian formar un espediente de cada caso, para comunicarlo a la justicia ordinaria al tiempo de pedirle el ausilio de la fuerza.

La autoridad eclesiástica debe proceder sin revelar sus motivos, decia el obispo Romero; primero, porque tal ha sido la práctica inveterada i no contradicha; i segundo, porque de otro modo, los escándalos i pecados quedarán sin la correccion que merecen.

Nó, respondía la audiencia; porque la lei 2, título 1° libro 3 de la Recopilacion de Indias ordena que no se preste el ausilio secular a los jueces eclesiásticos sin verse "si los autos están justificados." Al rei le pareció el asunto grave i dudoso.

Por cédula de 15 de marzo de 1718, pidió informe a la audiencia de Santiago, mandando que, miéntras se resolvia, se siguiera guardando el estilo que siempre se habia observado.

Ignoro por qué causa la audiencia retardó la evacuacion de este informe.

El obispo solicitó entonces de nuevo una decision en la materia, proponiendo para salvar la dificultad, "que se declarase cumplir el juez eclesiástico con avisar al presidente i oidor mas antiguo el estado en que tenia la causa."

El rei, por cédula de 27 de marzo de 1726, ordenó a la audiencia que con la mayor dilijencia remitiese el informe en la primera ocasion.

No he podido descubrir si esta competencia tuvo otro resultado; pero de todos modos, queda manifestado que sin oposicion de nadie, la autoridad eclesiástica se consideraba facultada para imponer penas de reclusion o de destierro a los que pecaban contra el sesto mandamiento, sin mas traba que la de solicitar el ausilio secular con acompañamiento de autos; i que .por una práctica de muchos años, esto mismo se reputó innecesario, i aun dañoso al fin que se trataba de conseguir.

Conozco ademas hechos mencionados en documentos auténticos, i ocurridos en los últimos años del siglo XVIII, en les cuales aparece que los obispos de Santiago seguian hasta entonces imponiendo, con mas o ménos contradiccion, penas arbitrarias, sin figura de juicio, a los ¡culpables de incontinencia.

Puedo citar, como uno de ellos, la ruidosa desavenencia del célebre arquitecto don Joaquin Toesca con su mujer, acaecida el año de 1793.

La madre de esta señora asevera en una representacion al rei "que el reverendo obispo clon Blas Sobrino i Minayo, sin mas justificacion, que la mera delacion del marido don Joaquin Toesca, habia hecho conducir a su hija del modo mas escandaloso a la horrorosa mansion de mujeres comunes que se llama Beaterio de Peumo."

Aquel prelado, en un memorial que sobre el asunto dirijió al rei en 19 de setiembre de 1794, en vez de negar o rectificar el hecho, lo ratifica, esponiendo que para ejecutar su providencia, i encerrar a la mujer de Toesca en el beaterio o casa de ejercicios de Peumo, pidió al presidente el ausilio de una partida de dragones, que le fué concedida.

El fiscal, que se puso de parte de la perseguida, entabló a solicitud de la familia, recurso de fuerza ante la audiencia, que a pluralidad de votos declaró no haberla por providencia de 30 de enero de dicho año.

Miéntras tanto, el marido acusó de adulterio a su mujer ante el obispo, quien la condenó en 4 de junio de 1794 "a la reclusion de seis años en el beaterio de Peumo, con la calidad de por ahora, i la reserva de prorrogar este tiempo cuando le pareciere conveniente al mismo prelado i a sus sucesores."

Este estrepitoso negocio, que por varios meses tuvo ajitada a Santiago, dió oríjen a varias reclamaciones ante el rei, sobre las cuales recayeron las correspondientes resoluciones.

Consignaré solo aquellas que hacen a la materia de que estoi ocupándome.

El soberano declaró que el obispo habia tenido facultad para poner en reclusion a la mujer de Toesca, pidiendo ausilio a la autoridad competente, que en aquel caso lo era el capitan jeneral por gozar el marido de fuero militar, pues en otro comun habria debido intervenir la audiencia; pero anuló en cuanto a la pena, la sentencia definitiva del prelado.

"He venido en declarar, dice el rei, que el reverendo obispo excedió los límites de su jurisdiccion condenando en la sentencia de divorcio a la mencionada doña Manuela Reyolledo en seis años de reclusion en el beaterio de Peumo, i mucho mas en haber reservado a su arbitrio estender este término segun le pareciere conveniente, i por consiguiente es nula en esta parte dicha sentencia" (1).

Con arreglo a este mismo sistema, la autoridad eclesiástica dictaba por sí sola, o de conformidad con el presidente, bandos de policía, o mejor dicho, de moralidad pública i privada, cuyas infracciones eran castigadas con multas, jeneralmente la acostumbrada de cuatro pesos.

El sínodo diocesano de Santiago publicado el 2 de mayo de 1688 por el obispo don frai Bernardo Carrasco i Saavedra; i el de igual clase publicado el 22 de abril de 1763 por el obispo don Manuel de Aldai i Aspee contienen un gran número de disposiciones de esta especie.

Ordenan, entre-otras cosas por el estilo:

Que las tiendas de los mercaderes i los talleres de los artesanos no se abran los di as de fiesta de guarda, ni miéntras duren las procesiones;

Que en los mismos dias festivos, no entren al pueblo carretas, ni se venda harina para las personas, ni pasto o yerba para los animales;

Que en los mismos dias, no se emprenda viaje con tropa de muías o carreta cargada;

Que en los mismos dias, no se ejecuten, ni ro

(1) Real Cedula espedida en Araujuez a 15 de abril de l79fi.

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