Imágenes de páginas
PDF
EPUB

-tenerse ellos mismos en todas ocasiones, i en las -conversaciones familiares, de las declamaciones i murmuraciones depresivas de las personas del gobierno que contribuyen a infundir odiosidades contra ellas, i tal vez dan ocasion a mayores excesos, cuyo crímen estima como alevosía i traicion la lei 11, título 26, libro 8 de la Recopilacion. Para evitar semejantes excesos, estableció el señor don Juan el primero, de gloriosa memoria, una lei solemne en las cortes de Segovia, con asentimiento del Brazo Eclesiástico, la cual repitió su hijo el señor don Enrique el tercero, i es la 3, título 4, libro 8 de la misma Recopilacion que entre otras cosas, dice así:—Otrosi rogamos i mandamos a los prelados de nuestros reinos que si algun fraile, o clérigo, o hermitaño, o otro relijioso dijere alguna cosa de las sobredichas (esto es, contra el rei, personas reales, o contra el estado, o gobierno) que lo prendan; i nos lo envíen preso o recaudado".

El rei terminaba recomendando la mas* estricta observancia de una disposicion que convertia a cada eclesiástico en un pregonero público i privado de su excelsa i divina soberanía.

VIII.

Entre los cargos sacerdotales, habia uno al cual el gobierno peninsular concedia con sobrado motivo una seria atencion: el de la predicacion.

En países donde no se conocian ni la prensa política, ni los debates públicos de ninguna especie, el púlpito, sobre todo en las circunstancias algo tormentosas, podia convertirse en tribuna para dilucidar delante de un numeroso auditorio algunas de las cuestiones que de vez en cuando solian conmover la sociedad.

I efectivamente, sin salir de Chile, cuando estalló a principios del siglo XVII la grande i famosa lucha para la abolicion del servicio personal de los indijenas i la adopcion de la simple guerra defensiva con los araucanos, se vieron levantarse predicadores contra predicadores, los unos en favor de los encomenderos que se oponian a la innovacion por contraria a sus intereses, i los otros en favor de los jesuitas que se esforzaban por realizarla en nombre de la justicia i de la humanidad.

Por eso los reyes de España, en su suspicaz prevision, fueron dictando desde los primeros tiempos de la conquista medidas propias para impedir que la predicacion pudiera tomar tendencias políticas.

"Encargamos a los prelados seculares i regulares que tengan mucho cuidado de amonestar a los clérigos i relijiosos predicadores, ordena la lei 19, título 12, libro l9 de la Recopilacion de Indias, resumiendo varias cédulas sobre el particular, que no digan ni prediquen en los púlpitos palabras escandalosas tocantes al gobierno público i universal, ni de que se pueda seguir pasion o diferencia, o resultar en los ánimos de las personas particulares que las oyeren poca satisfaccion ni otra inquietudT sino la doctrina i ejemplo que de ellos se espera; i especialmente no digan ni prediquen contra los ministros i oficiales de nuestra justicia, a los cuales, si en algo sintieren defectuosos, podrán con decencia advertir i hablar en sus casas lo que les pareciere tiene necesidad de remedio, por ser éste el mas seguro i conveniente modo para que se consiga; i si en ellos no se hallare enmienda, nos den aviso para que mandemos proveer el de justicia. I ordenamos a nuestros virreyes, presidentes i audiencias que si los predicadores excedieren en esto, lo procuren remediar, tratándolo con sus prelados con la prudencia, suavidad i buenos medios que conviene; i si no bastare, i los casos fueren tales que requieran mayor i mas eficaz remedio, usarán del que les pareciere convenir, haciendo que las personas que asi fueren causa de esto, se embarquen i envien a estos reinos, por lo mucho que conviene hacer demostracion con ejemplo en materias de esta calidad".

I esta lei no era letra simplemente escrita, pues se cumplia con el mayor' rigor, como todas las otras que contiene el mismo código destinadas a robustecer o afianzar la autoridad real.

El gran maestro del derecho indiano, el sabio i afamado jurisconsulto don Juan Solórzano Pereira, defendia como la mas admisible, la doctrina de que el gobierno civil podia reprimir, aun prescindiendo del prelado, los atentados semejantes de que un predicador se hubiera hecho culpable, mencionando en comprobacion lo que habia dictaminado precisamente en un caso acontecido en Chile. Hé aqui sus palabras. "Pero aunque esto pasa como lo he raferido, i sea lo mas seguro hacer estas espulsiones i otros cualesquier castigos de personas eclesiásticas por manos de sus prelados en la forma que queda dicha, todavía tengo por probable que si los prelados anduviesen remisos en cumplir con su obligacion, o ellos fuesen los principalmente culpados en el escándalo que se pretende evitar, o el delito en sí tan grande e insolente, que no permitiese dilacion, i requiriese breve i ejemplar animadversion i remedio, pueden i podrán nuestros reyes i lugartenientes por su propia mano i autoridad echar de sus reinos i provincias a las dichas personas, absteniéndose de proceder a otras penas, i ejecutando esta espulsion, no tanto con ánimo de castigarlas, como de mirar por la paz i tranquilidad de sus reinos i provincias. I así respondí estando en Lima a una consulta que me hizo el virrei marques de Montes Claros, que trataba de enviar a España un relijioso, porque en la ciudad de Santiago de Chile, predicando en la iglesia mayor della, habia dicho con gran libertad, i delante de un numeroso auditorio, muchas proposiciones escandalosas i contrarias a los derechos i ordenanzas reales, con lo cual casi concitó el pueblo a motines i sediciones" (1).

Con posterioridad, el gobierno español declaró que esta doctrina, solo la mas probable, segun el doctor Solórzano, era la verdadera (2).

I era tanta la severidad que en estos asuntos se ponia, que el caso antes citado no es el único mencionado en los documentos históricos de un pueblo tan tranquilo como el chileno bajo el réjimen colonial, segun aparece del siguiente acuerdo:

"En la ciudad de Santiago de Chile, en veinte dias del mes de junio de mil seiscientos treinta i dos años, los señores presidente i oidores de esta real audiencia dijeron: que por cuanto algunos predicadores han predicado, así en la santa iglesia catedral de esta ciudad, como en otras de ella, en el discurso de sus sermones cosas fuera de la doctrina que iban tratando, dando reprehensiones, cosa prohibida por los concilios i sagrados cánones, i mas cuando se nombra a alguno de los dichos señores que tan inmediatamente representan la persona del Rei Nuestro Señor, quien con tanto acuerdo por sus reales cédulas tiene ordenado i mandado lo que en casos semejantes se debe hacer para esc usar los escándalos i murmuraciones que rcsul

(1) Solórzano Percira, Política Indiana, libro 4, capítulo 27.

(2) Nota de la lei 10, título 12, libro 1." do la Recopilacion de Indias. tan de dichas reprehensiojres; i para que los prelados i superiores de todás las relij iones de la dicha ciudad, tengan entendido lo que ha dispuesto por dichas reales cédulas; i se lo digan i hagan saber a los predicadores de ellas, mandaron que yo el secretario de cámara notifique este auto i dichas reales cédulas a los dichos prelados i superiores de las dichas relij iones de la dicha ciudad para que agora i de aquí adelante, así ellos, como sus súbditos, tengan entendido lo que Su Majestad manda por las dichas reales cédulas, a las cuales se les ruega i encarga guarden i cumplan lo que en ellas se manda, con apercibimiento que de contravenir a ellas los dichos señores proveerán lo que convenga al servicio de Dios i de Su Majestad.—Don Francisco Laso de la Vega.El doctor Jacobo de Adaro i San Martin.—Ante mí, Don Bartolomé de Maldonado, secretario de cámara."

Las cédulas acompañadas eran dos de las que se resumieron en la lei de Indias ya citada.

Medio siglo despues, mas o ménos, tuvieron lugar en Santiago otros dos asuntos análogos, el del padre maestro Nicolas de Lillo, de la Compañía de Jesus, que en un sermon de feria de cuaresma, profirió ciertos conceptos contra la audiencia, i el del padre maestro frai Juan de Aguiar, de la orden de San Agustin, que predicando en la catedral un miércoles de ceniza, se desvergonzó contra el presidente don Francisco Ibáñez de Peralta, lo que les valió que sus respectivos prelados impusieran al primero un destierro a trej^a o cuarenta leguas de la ciudad; i al segundo, uno de seis meses, al otro lado de la cordillera, en Mendoza (1).

(1) Corral Calvo de la Torre, Vista Fiscal en el asunto del presbítero don Melchor Jáurcsui.

« AnteriorContinuar »