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Digamos, para terminar este capítulo, que ha crecido desmesuradamente bajo la pluma, algunas palabras sobre nuestro comercio interior.

Grava la ley del timbre con un impuesto de medio por ciento de su importe, toda venta que se haga por mayor ó al menudeo, reputándose por mayor las ventas que exceden de 20 pesos y al menudeo las que no llegan á esta suma. En aquéllas, el vendedor está obligado á extender una factura á que han de adherirse las estampillas que acrediten el pago del impuesto; y respecto de éstas los comerciantes tienen que manifestar anualmente su importe á las administraciones del timbre, y cuando pasan de $ 60 al mes, comprar por bimestres las estampillas que correspondan, adhiriéndolas á una boleta especial. Diversas precauciones ha tomado la ley para evitar el fraude; pero fácil es comprender que, especialmente en las pequeñas ventas, la vigilancia fiscal no puede ser enteramente efectiva sin degenerar en inquisitorial.

Ahora bien; imposible es averiguar el importe de las ventas que llegan á veinte pesos ó pasan de esta suma, porque las estampillas que deben adherirse á las facturas no son de una clase especial y, por lo mismo, el único dato que existe para juzgar del volumen de las ventas, es el relativo á las inferiores á veinte pesos, que se manifiestan anualmente, aunque, como hemos dicho, con bastante é inevitable inexactitud.

En el último quinquenio del siglo pasado, el total manifestado de ventas al pormenor fué el siguiente:

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El año fiscal siguiente-1901 á 1902-se caracterizó por un aumento muy importante, pues las ventas manifestadas

ascendieron á $ 199.151.986'04, y ese aumento ha persistido en 1902-1903, según lo comprueba el cuadro que sigue:

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Carecemos de otros datos numéricos sobre el volumen de nuestro comercio interior; pero los que preceden demuestran el aumento habido en esta materia, y lo prueba también el hecho de que la mayor parte de los Estados, al suprimir las alcabalas, substituyeron este impuesto con otro sobre ventas, cuyos productos son considerables. Teniendo todo en cuenta,

y al decir de personas bien informadas, nuestro comercio al menudeo no baja de $ 350.000.000 al año, cifra que no creemos en manera alguna exagerada.

Y ahora que el paciente lector ha sido tan benévolo que nos ha acompañado en nuestra larga y poco amena peregrinación á través de la historia patria durante más de un tercio de siglo, para extraer de los hechos que la constituyen los que han tenido mayor influencia sobre nuestra evolución mercantil, séanos permitido volver la vista atrás, para preguntarnos cuáles son, entre nuestros hombres públicos, los que más han influído por actos especiales en el progreso de nuestro comercio.

Puesto á un lado el nombre del señor Limantour, que todavía está al frente del departamento de Hacienda y cuya labor es, por lo mismo, imposible juzgar, porque no pertenece definitivamente á la historia, sino á las actualidades del presente, ninguna figura adquiere el relieve con que se destaca la del señor don Matías Romero.

Sin tomar en cuenta su intachable conducta privada y su inmaculada honradez, dotes que ni siquiera sus detractores han osado negarle; prescindiendo de los méritos y servicios de su larga carrera diplomática, el menor de los cuales no fué ciertamente, su constante empeño en defender á México de las falsas y enconadas apreciaciones de que era objeto mientras en el extranjero se le juzgaba sólo por sus revoluciones, nadie ha pensado tan alto como él, ni se ha preocupado tan hondamente de zanjar los cimientos del edificio de la prosperidad nacional, si, como es indudable, ha de asentarse sobre la base de nuestra prosperidad económica. Liberal de inquebrantables convicciones, todas sus leyes y providencias se fundaron en el amplio criterio del respeto al derecho ajeno y en el anhelo de favorecer y desarrollar nuestro tráfico interior y exterior, suprimiendo trabas y acordando franquicias.

Que muchas veces dejó de pagar con regularidad sus sueldos á los empleados públicos: he aquí el fundamento de su impopularidad, el hecho ante el cual parece que se han desconocido y hasta negado abiertamente los grandes méritos del señor Romero. Á este reproche la historia imparcial tiene que contestar, y comienza á hacerlo ya, que otros. muchos ministros de Hacienda también dejaron de pagar los sueldos; pero con la diferencia de que casi todos llegaban á esa situación cuando habían agotado los expedientes de que vivían, y el señor Romero cuando, después de haber preparado el porvenir con sabias y fecundas medidas cuyos frutos habían de recogerse más tarde, se veía estrechado á sacrificar las quincenas de los empleados ante necesidades superiores, que no fueron nunca, á pesar de sus urgencias y apremios, capaces de decidirle á erigir en sistema los expedientes á que ordinariamente recurrían nuestros gobiernos.

He aquí el rasgo fundamental que caracteriza la obra. del señor Romero, en lo que á sus leyes sobre comercio se refiere, aparte de la propiamente hacendaria, que en otro lugar de este libro se examinará, y de su inmensa laboriosidad y su jamás extinguido afán de averiguar y vulgarizar los hechos concernientes á nuestra administración financiera, que fué siempre, antes de él, inextricable laberinto en que nadie osaba siquiera penetrar.

CAPÍTULO IV

Las instituciones de crédito (1)

Quedaría incompleto nuestro estudio sobre el comercio mexicano si no hubiéramos de comprender en él las instituciones de crédito, que tan importante papel desempeñan en el mundo moderno, por cuanto contribuyen en grande escala á facilitar el cambio y movimiento de valores. Y hemos querido hacerlo en capítulo separado, porque esas instituciones constituyen una especialidad, seguramente la más alta del comercio, no sólo porque operan sobre los metales preciosos y la moneda, las más nobles de las mercaderías, sino porque con los perfeccionadísimos medios que emplean para dar al crédito formas tan múltiples como ingeniosas, ejercen indiscutible influencia sobre todos los ramos de la riqueza pública y aun llegan á adquirir la categoría de factores de primera importancia en el desarrollo económico de los pueblos civilizados.

1) El autor cree de su deber advertir que ha sido abogado consultor del Banco Nacional desde su fundación en 1882 y que, por lo mismo, ha tomado participación activa en las polémicas y discusiones, á veces un poco vivas, que en años pasados se suscitaron con motivo de la concesión de dicho Banco. Hará bien el lector en tenerlo presente, por más que el autor haya procurado limitarse á exponer hechos que constan oficialmente ó están bien comprobados, absteniéndose de hacer los comentarios y apreciaciones que no eran absolutamente necesarios para su narración.

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