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contrario, todos los abordó con serenidad admirable, con inteligencia superior, con modestia singularísima y, sobre todo, conforme á un plan maduramente elaborado y que él mismo resumió más tarde diciendo en su Memoria de 1870:

«Los cambios radicales en la legislación fiscal de la República que exigen imperiosamente los intereses materiales de la nación, son éstos:

»No hacer de los derechos marítimos la base de las rentas federales y establecer rentas interiores que rindan productos equivalentes á los marítimos.

»Hacer una rebaja prudente en las cuotas de la tarifa de importación, una vez sistematizadas las rentas interiores.

»Establecimiento de las rentas interiores del timbre, herencias y contribución directa sobre la propiedad raíz.

» Abolición de toda clase de derechos de exportación.
»Cambio radical de los impuestos de minería.
» Abolición de alcabalas.

» Supresión de la contribución federal para el erario de la Federación.

» Apertura de la costa al comercio de exportación.

» Establecimiento de líneas de vapores que frecuenten nuestras costas y sistematicen una comunicación regular con ellas.

»Demarcación de los límites de la República en las fronteras del Sur.

»Prohibición á los Estados de gravar las importaciones y exportaciones.»

La reforma á que en los impuestos a la minería aspiraba el señor Romero, consistía, según el mismo, en lo siguiente: «Reducción de todos los derechos que pesan sobre la minería á uno solo, que sea moderado y que recaiga sobre las utilidades de las empresas mineras; libertad de exportar oro y plata en pasta, con exención de todo derecho; reducción de los derechos de amonedación al costo de esa operación; libertad para que los particulares puedan hacer el apartado de metales; procurar que las casas de moneda vuelvan á poder del Gobierno, y prohibir que sean arrendadas.»

Y es de advertir que el señor Romero no era hombre que forjara planes para dejarlos en el papel. Muy lejos de ello, colocándose á la altura que debía, tomó sobre todas estas materias las providencias que cabían en sus facultades, las hizo ejecutar con toda la autoridad que aquellas circunstancias, bastante perturbadas todavía, consentían, y respecto de las que tocaban al poder legislativo, formuló iniciativas completas y minuciosamente preparadas; todo sin perjuicio de atender al despacho laboriosísimo de los negocios corrientes, graves por lo común, y de cubrir, hasta donde era posible, las necesidades del momento, rehusando, inflexible y sistemáticamente, apelar á los vergonzozos expedientes y procedimientos de antaño.

¿Se realizó este plan de verdadera regeneración económica y fiscal? Desgraciadamente no. Hubo, sí, como no había vuelto á haber desde 1826, cuentas y presupuestos que, imperfectos y todo, fueron para el Gobierno y la nación base de un conocimiento siquiera aproximado de sus recursos y necesidades; á la sombra de unas facultades extraordinarias que el Gobierno obtuvo para combatir a la hidra revolucio. naria, que de nuevo había vuelto á levantar su repugnante cabeza, se expidió el más liberal de los aranceles ú ordenanzas generales de aduanas que hemos tenido; algo más se hizo, como luego veremos, y de mucha importancia por cierto; pero todo ello, en primer lugar, representó una formidable y tremenda lucha capaz de domeñar voluntades menos bien templadas que las del presidente Juárez y su ministro Romero, y la obra, por añadidura, hubo de resultar truncada, desfigurada y, por ende, en mucha parte estéril y frustránea.

Lucha... ¿y con quién?--se preguntará el lector poco familiarizado con la historia política de aquellos días.-Pues qué, ila República no había triunfado del tradicional partido conservador? ¿Acaso no estaban la obra niveladora y fecunda de la Reforma casi consumada, los odiosos fueros y estancos abolidos, el antiguo turbulento ejército desbaratado y sin jefes? Sí, todo eso y más se había conseguido; pero al calor de ambiciones personales y de causas muy hondamente arraigadas en todas las clases sociales, el espíritu de la indisciplina, ó más bien de la anarquía, no estaba, por desgracia, extinguido, y revestía no sólo la forma conocida del pronunciamiento y de la bola, sino que se asentaba en el Congreso de la Unión, compuesto entonces de una sola Cámara, la de Diputados, sin el contrapeso del Senado, elemento moderador indispensable en el régimen federativo que la Constitución adoptara. ¡Con cuánta justicia pretendieron los autores de nuestra segunda independencia, al restaurar la República, que se robusteciera el poder director y, como tal, responsable, del Ejecutivo federal, y cuánto lamentará la historia imparcial y serena que la forma plebiscitaria que á ese sano intento se diera, no resultase apoyada por la nación en masa! Sea como fuere, las cosas así pasa. ron, había que aceptarlas, y el señor Juárez y sus ministros las aceptaron, ocurriendo siempre a la Cámara para la sanción de todas aquellas medidas que implicaban una reforma de las leyes vigentes.

Y como reflejaba fielmente el estado de indisciplina y hasta de rebelión en que se hallaban los elementos políticos de esos días, el Congreso, substrayéndose á la autoridad que por mil títulos debiera haber sido entonces, más que en cualesquiera otras circunstancias, incontestada del jefe del Estado, mostróse muy en breve celoso de su autoridad constitucional. En las enconadas cuestiones capitales de pura política, el Gobierno conservó siempre el apoyo de una fiel mayoría; pero fuera de ese limitado campo, ésta no supo secundar en su gigantesca empresa de reconstitución hacendaria al ministro Romero y aun con deplorable frecuencia le fué francamente hostil, resultando que el Congreso lo mismo derogaba impuestos, antieconómicos, es verdad, pero cuyos rendimientos eran imperiosamente necesarios para la vida misma del Gobierno, como decretaba recompensas pecuniarias, la rehabilitación en masa de pensiones y montepíos legalmente extinguidos, y otros gastos que hacían imposible la nivelación de los presupuestos, ó abordaba la tarea, quimérica para un numeroso cuerpo político, de formar por sí mismo el Arancel ú Ordenanza de aduanas marítimas y fronterizas. Las demás iniciativas del patriota y clarividente ministro eran por éste retiradas para evitar conflictos ó dormían en la cartera de las Comisiones de Hacienda de la Cámara.

«Última época de nuestra libertad política», apellidan algunos á la que en el curso de los tiempos ocupan los Congresos 4.0 y 5.° constitucionales; la conciencia pública, revisando ese juicio, comienza ya á invalidarlo y a aplicar á ese período el triste calificativo de anarquia legal. Que algunas iniciativas del ministro Romero no eran totalmente acertadas, que otras se anticiparon á su tiempo, bien pudiera ser; pero, en todo caso, parece innegable que, aunque aquellas tenaces resistencias hayan sido inspiradas en una completa buena fe y en un sincero patriotismo, fueron, ya por el criterio político netamente jacobino de sus autores, o ya por sus irreducibles prejuicios de escuela, parte muy principal á paralizar de hecho una reforma hacendaria con tanta alteza de miras emprendida y que llevada á cabo, como sin duda lo habría sido, con la necesaria prudencia, tanto habría anticipado el progreso económico de la República.

A pesar de todo, bastante se adelantó y bajo múltiples conceptos. En el terreno importantísimo de la práctica de las instituciones, se alcanzaron grandes progresos, que han perdurado y están ya definitivamente conquistados: de ellos sólo mencionaremos la presentación anual de las cuentas del Tesoro y de los proyectos de presupuesto, que no sólo permiten, sino que imponen al país y á su gobierno un atento examen de sus más importantes negocios, que indefectiblemente reflejan en las finanzas sus buenos ó malos resultados.

En el terreno de la administración, se abolieron los fondos especiales, se impuso la autoridad superior de la Secretaría de Hacienda; no sin tropiezos suscitados por la oficinas subalternas y hasta por la misma Tesorería general, que alguna vez se negó abiertamente á cortar sus cuentas al fin de cada año fiscal, se dictaron numerosas disposiciones para

implantar la uniformidad en las cuentas, el orden y la subordinación en las oficinas de Hacienda, venciendo resistencias enormes fomentadas por los trastornos políticos y hasta por la opinión pública, que, lejos de alentar, debilitaba los esfuerzos titánicos del Gobierno. Por último, en el orden legislativo se introdujeron reformas importantísimas, casi todas ellas en uso de facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo. De muchas, y en particular del Arancel de 1.° de Enero de 1872, que tanto se inspiró en principios de libertad comercial jamás practicados antes, y que en buena parte nulificó el Congreso derogándolas en Mayo siguiente, hemos hablado ya al ocuparnos en estudiar la evolución mercantil, en donde también nos referimos, entre otras, á las saludables reformas de haber autorizado la exportación del oro y plata en barras, así como permitido y reglamentado por primera vez el comercio de tránsito a través del territorio nacional, y la exportación de la piedra mineral y de los polvillos, que antaño sólo podían salir de la República, según la sacramental expresión arancelaria, «en pequeñas cantidades y á título de curiosidad para los gabinetes de los sabios». Mencionaremos, pues, aquí solamente otras de las más importantes leyes expedidas entonces, y en primer término la que declaró sujetas al doble pago de derechos á las mercancías importadas por puertos substraídos á la obediencia del Gobierno, á fin de acabar con los pronunciamientos y cuartelazos que, en los puertos del Pacífico sobre todo, instigaban y pagaban las casas contrabandistas; la que instituyó y reglamentó el contra-resguardo de la frontera del Norte, también para poner coto al contrabando que por ahí se practicaba con escándalo; la que reformó la ley de contribuciones directas del Distrito Federal de 1861, mejorando muchos de sus preceptos; y sobre todo, la ley de 31 de Diciembre de 1871 que, en substitución de la antiquísima renta del papel sellado, instituyó la interior del timbre, asentándola sobre bases completamente nuevas en nuestro sistema fiscal, con el elevado fin de crear sobre el movimiento interior de la riqueza pública recursos que independieran á la Hacienda

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