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(aunque los datos oficiales que se tienen de 1825 á 1851 no acusan como máximo sino $ 14.000,000 en 1832-33, promedio anual de $ 9.120,233) y tres ó cuatro millones en los demás efectos, que consistían en «palo de tinte, grana ó cochinilla, café, tabaco, azúcar, caña dulce, vainilla, zarzaparrilla, raíz de Jalapa, cacao, añil, anís, pimienta de Tabasco, sal, hilo de henequén, maderas, resinas, carey, perla y concha-nácar, pieles secas y muy pocas curtidas, carne y pescados salados, arroz, fríjol, ganado en pie, sombreros y tejidos de lana ordinarios, figuras de cera, dulces en conserva y otras frioleras». De estos efectos, los más importantes eran el palo de tinte, el tabaco y la cochinilla, que unidos representaban como dos millones de pesos.

En conjunto, pues, nuestro comercio exterior había crecido, á pesar de que las prohibiciones, los elevados derechos, la inseguridad, las revoluciones constantes y todos nuestros demás desaciertos eran factores más propios para disminuirlo que para acrecentarlo. Por una parte, la introducción en nuestros mercados de manufacturas hasta entonces desconocidas; por otra, alguna disminución que ha de haber habido en los precios, como efecto de la extinción del durísimo y efectivo monopolio español, y por último, el aumento de la población, explican, al menos en sus causas principales, este aumento considerable del tráfico.

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En punto á legislación mercantil, todo el cambio operado desde la Independencia consistió en la abolición de los Consulados, que se decretó y llevó á efecto desde 1824. Por lo demás, y como ya en otro lugar dijimos, se regía en la época á que venimos refiriéndonos por las Ordenanzas de Bilbao; pues aunque en 1854 se publicó un Código mercantil bastante completo, que autorizó el notable jurisconsulto mexicano don Teodosio Lares, como ministro de Justicia del último gobierno de don Antonio López de Santa Anna, al venir por tierra ese gobierno, fueron derogadas todas las leyes que

expidiera y entre ellas cayó el Código de Comercio expresado.

Después de suprimidos los Consulados, por regla general la justicia mercantil fué administrada por los tribunales comunes; pero en 15 de Noviembre de 1841 se crearon tribunales mercantiles y se organizaron juntas que se llamaron <de fomento del comercio», que fueron dotadas de fondos especiales y á cuyo cargo se puso el velar por la prosperidad y adelanto del comercio en cada lugar, procurar la propagación de los conocimientos mercantiles, formar anualmente la balanza mercantil del lugar, arreglar el ramo de corredores y servir al gobierno de cuerpo consultivo. Como era natural, semejantes juntas no podían prosperar en el turbulento medio de aquellos tiempos y fueron abolidas en 1853. Los tribunales mercantiles subsistieron conforme al Código de 1854 y funcionaron hasta el triunfo de la revolución de Ayutla. Al de México se debió la fundación, en 1845, y en la casa número 5 de la calle del Angel, de la única Escuela de Comercio que entre nosotros haya existido y que, como veremos luego, es hasta hoy uno de los establecimientos de instrucción pública sostenido por la Federación.

Digamos, para concluir, que el número de puertos habilitados en el primer arancel de 1821 para comerciar con el extranjero se había elevado ya considerablemente en el último de 1856, que enumera doce aduanas marítimas y nueve fronterizas, que poco á poco habían ido estableciéndose. Además, quedaron abiertos al comercio de cabotaje cinco puertos en el golfo de México, dos en el Pacífico y cuatro en el golfo de California.

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Comprenderá fácilmente el lector, á pesar de lo imperfecto y deficiente de nuestra reseña, la inmensa sed de libertad que aquejaba á este país al iniciarse la revolución de Ayutla y por qué los hombres que la encabezaban y los que se adhirieron se agrupaban para formar el verdadero partido

liberal mexicano, que había de contar al fin con el apoyo de la nación entera.

Salían esos hombres de una nueva generación que, á pesar de la influencia y del poder del clero y de los gobiernos que se llamaron conservadores, se había instruído é ilustrado en esos libros que los aranceles vedaban importar, como «prohibidos por autoridad competente»; todos ó la mayor parte eran profesionistas del orden civil y muchos salían de la desheredada y oprimida clase media; y aunque puede ser cierto que, á juicio de muchos de ellos, la salvación de la patria vinculaba exclusivamente en la solución de cuestiones políticas y que, puestos en este terreno, llegaron, al formar la Constitución, á limitar las facultades del poder público y sobre todo del Ejecutivo de manera excesiva y por excesiva inadecuada á nuestro estado social, no es por esto menos exacto que entre las libertades que aspiraron á dar, nos dotaron de la económica, que era de la que verdaderamente dependía el temeroso problema de constituir una nacionalidad con elementos dispersos, incoherentes, disímbolos y hasta antagónicos, á pesar de más de un tercio de siglo de vida independiente.

Por eso nuestros constituyentes, acaso sin que en su mayor parte se diesen ellos mismos cuenta cabal de que hacían obra económica fecundísima, inscribieron entre los derechos políticos numerosos preceptos de orden puramente económico y no sólo sancionaron la libertad del trabajo y de las profesiones, sino que abolieron las leyes privativas, los tribunales especiales, los estancos, los monopolios y las prohibiciones á título de protección á la industria; garantizaron la propiedad privada, determinando que no pudiese ser ocupada sino por causa de utilidad pública y previa indemnización; quitaron á las corporaciones civiles y eclesiásticas toda capacidad para adquirir ó administrar bienes raíces, con excepción de los edificios destinados directa é inmediatamente al servicio ú objeto de su institución; reservaron á la Federación la facultad de acuñar moneda, celebrar empréstitos sobre el crédito nacional, establecer las

bases generales de la legislación mercantil, expedir aranceles sobre el comercio exterior é impedir, por medio de bases generales, que en el comercio de Estado á Estado se establecieran restricciones onerosas, y prohibieron á los Estados acuñar moneda, emitir papel moneda ni papel sellado, y establecer derechos de tonelaje ú otros de puerto é imponer contribuciones ó derechos sobre exportaciones ó importaciones, sin permiso del Congreso de la Unión. Por último, en artículo especial, previnieron que para el 1.o de Julio de de 1858 quedasen abolidas en toda la República las alcabalas y aduanas interiores.

Todos sabemos lo que pasó apenas promulgada la Constitución el 5 de Febrero de 1857: el gobierno mismo que debía haber sido su más celoso guardián la declaró imposible de cumplir, asustado ante la obra liberal, y un ignominioso golpe de Estado encendió con más furor que nunca las pasiones políticas, obligando al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el modesto y venerable abogado don Benito Juárez, á asumir el poder y á intentar la épica lucha que la historia ha llamado la guerra de tres años ó de Reforma. En medio de ella quedó consumada la obra liberal de redención, pues no sólo se sancionó la libertad de cultos, ante la cual el mismo Congreso constituyente había retrocedido, sino que se decretó la absoluta independencia entre la Iglesia y el Estado, la disolución de las comunidades religiosas y, como coronamiento de esta inmensa labor de transformación social, la nacionalización de los cuantiosos bienes eclesiásticos, que, á precios muchas veces irrisorios, fueron vendidos á quienes quisieron comprarlos, para devolverlos así á la circulación de que la mano muerta los había sustraído, produciendo un estancamiento que tenía paralizadas y agarrotadas todas las actividades y fuerzas productoras de la nación. El paso estaba dado: los principios directores estaban cambiados radicalmente en esta vez y de la

nueva simiente, si germinaba, habia que esperar un árbol

nuevo.

Ya en la parte de este libro consagrada á nuestra evolución política 1, quedó hecha y de mano maestra por cierto) la síntesis histórica de los acontecimientos que se sucedieron desde el golpe de Estado á que hemos aludido hasta la restauración de la República en 1567. La guerra de tres años ó de Reforma, el triunfo de la causa liberal á fines de 1860, el desembarque en Veracruz de los ejércitos de Inglaterra, España y Francia, la retirada de los dos primeros ante la realidad de hechos que habían sido indigna y falsamente expuestos en Europa por los corifeos y representantes del partido conservador, la aventura napoleónica, que tan cara había de pagar el pueblo francés, la pesadilla del imperio de Maximiliano, que no pudo echar abajo la Reforma y pretendió sólo revisar las operaciones de nacionalización, la guerra sin tregua y en todas partes: he aquí lo que llena esa década

¿Qué podremos decir del comercio en ese angustioso período de tremenda crisis? Nada ciertamente que no fuera una repetición de nuestras anteriores desdichas. Quede su consideración al discreto lector; y para dar una idea del estado de febril agitación por que el país atravesó, baste decir que el Imperio mismo, aunque todo quiso reformarlo y expidió muchas leyes, apenas tocó el arancel de 1856, limitándose á modificar para Veracruz y los otros puertos que las fuerzas francesas ocupaban, algunas de sus disposiciones de detalle. Por lo que concierne al gobierno del señor Juárez, ¿qué había de hacer en materia mercantil? Se trataba de salvar la bandera de la patria, sostenida por el Presidente, su gabinete y un corto grupo de fieles creyentes que llegaron á refugiarse en Paso del Norte, último confín de nuestra frontera... Todo lo demás desaparecía ante el supremo interés de que la nacionalidad no naufragara.

(1) Recuérdese que esta monografia formo originalmente parte de la obra Intitulada: México, -Su evolución social».