Lo dispuesto en los artículos 86, 87, 88 y en el presente, se observará también respecto de las demás acusaciones que la Cámara de Diputados entablare en conformidad á lo dispuesto en el inciso segundo, artículo 29 de esta Constitución.

ART. 90. Los Ministros pueden ser acusados por cualquier individuo particular, por razón de los perjuicios que éste pueda haber sufrido injustamente por algún acto del Ministerio; la queja debe dirigirse al Senado, y éste decide si ha lugar ó no á su admisión.

ART. 91. Si el Senado declara haber lugar á ella, el reclamante demandará al Ministro ante el tribunal de justicia competente.

ART. 92. La Cámara de Diputados puede acusar á un Ministro mientras funcione, y en los seis meses siguientes á su separación del cargo. Durante estos seis meses, no podrá ausentarse de la República sin permiso del Congreso, ó, en receso de éste, de la Comisión Conservadora.

DEL CONSEJO DE ESTADO.

ART. 93. Habrá un Consejo de Estado compuesto de la manera siguiente:

De tres Consejeros elegidos por el Senado y tres por la Cámara de

sion. By virtue of such verdict the minister is removed from his office.

The minister declared guilty by the Senate shall be tried in accordance with the laws, by the ordinary court of competent jurisdiction, for the double purpose of imposing upon him the penalty provided by law for the crime committed and of enforcing his civil responsibility for damages caused to the state or to private individuals.

The provisions of articles 86, 87, 88, and the present one, shall also be observed in all other accusations made by the Chamber of Deputies in conformity with the terms of clause 2 of article 29 of this Constitution.

ART. 90. Cabinet ministers may be accused by any private indi vidual, on account of losses unjustly sustained by him through any act of the minister. The complaint shall be addressed to the Senate, and that body shall decide whether or not it is well founded.

ART. 91. If the Senate declares that the complaint is well founded, the complainant shall sue the minister before the court of competent jurisdiction.

ART. 92. The Chamber of Deputies may impeach a minister during his term of office, and within six months subsequent to its termination. During these six months no minister shall absent himself from the Republic without permission of Congress, or of the executive committee, when Congress is in recess.

THE COUNCIL OF STATE. ART. 93. The council of state shall be composed of:

Three councilors chosen by the Senate and three by the Chamber

Diputados en la primera sesión ordinaria de cada renovación del Congreso, pudiendo ser reelegidos los mismos Consejeros cesantes. En caso de muerte ó impedimento de alguno de ellos, procederá la Cámara respectiva á nombrar el que deba subrogarle hasta la próxima renovación.

De un miembro de las Cortes Superiores de Justicia, residente en Santiago.

De un eclesiástico constituido en dignidad.

De un general de ejército ó armada.

De un jefe de alguna Oficina de Hacienda.

De un individuo que haya desempeñado los cargos de Ministro de Estado, Agente Diplomático, Intendente, Gobernador ó Municipal.

Estos cinco últimos Consejeros serán nombrados por el Presidente de la República.

El Consejo será presidido por el Presidente de la República, y para reemplazar á éste, nombrará de su seno un Vicepresidente que se elegirá todos los años, pudiendo ser reelegido.

El Vicepresidente del Consejo se considerará como Consejero más antiguo para los efectos de los artículos 66 y 69 de esta Constitución.

Los Ministros del Despacho tendrán sólo voz en el Consejo, y si algún Consejero fuere nombrado Ministro, dejará vacante aquel puesto.

ART. 94. Para ser Consejero de Estado se requieren las mismas calidades que para ser Senador.

Art. 95. Son atribuciones del Consejo de Estado:

1a. Dar su dictamen al Presidente de la República en todos los casos que lo consultare.

2a. Presentar al Presidente de la República en las vacantes de Jueces Letrados de Primera Instancia, y miembros de los Tribunales Su

of Deputies, at the first ordinary session after each renewal of the Congress, the retiring councilors being eligible for reelection. In case of death or disability of any councilor thus chosen, the respective chamber shall proceed to appoint a substitute, who shall fill the place until the next renewal.

A member of the superior courts of justice, residing in the city of Santiago.

A church dignitary.

A general in the army or navy.

A head of some office in the treasury department.

An individual who has filled the position of minister of state, diplomatic agent, intendant, governor, or chief of a municipality.

These five councilors last named shall be appointed by the President of the Republic.

The council shall be presided over by the President of the Republic, or in his absence by its own vice-president, who shall be elected annually from among its members, and may be reelected.

The vice-president of the council shall be considered the senior member thereof for the purposes contemplated in articles 66 and 69 of this constitution.

Cabinet ministers shall have no vote in the council, and if any councilor is appointed minister he shall thereby vacate his seat in the council.

ART. 94. The qualifications for councilor of state shall be the same as those for Senator.

ART. 95. The powers of the council of state are:

1. To render its opinion in all cases in which the President of the Republic may ask for it.

2. To suggest to the President in cases of vacancies in courts of first instance and superior courts. the appointment of such persons

periores de Justicia, los individuos que juzgue más idóneos, previas las propuestas del Tribunal Superior que designe la ley, y en la forma que ella ordene.

3. Proponer en terna para los Arzobispados, Obispados, dignidades y prebendas de las iglesias catedrales de la República.

4. Conocer en todas las materias de patronato y protección que se redujeren á contenciosas, oyendo el dictamen del Tribunal Superior de Justicia que señale la ley.

5". Conocer igualmente en las competencias entre las autoridades administrativas, y en las que ocurrieren entre éstas y los Tribunales de Justicia.

6. Declarar si ha lugar ó no á la formación de causa en materia criminal contra los Intendentes, Gobernadores de plaza y de departamento. Exceptúase el caso en que la acusación contra los Intendentes se intentare por la Cámara de Diputados.

7a. Prestar su acuerdo para declarar en estado de asamblea una ό más provincias invadidas ó amenazadas en caso de guerra extranjera.

8". El Consejo de Estado tiene derecho de moción para la destitución de los Ministros del Despacho, Intendentes, Gobernadores y otros empleados delincuentes, ineptos ó negligentes.

ART. 96. El Presidente de la República propondrá á la deliberación del Consejo de Estado:

1o. Todos los proyectos de ley que juzgare conveniente pasar al Congreso.

2o. Todos los proyectos de ley que, aprobados por el Senado y Cámara de Diputados, pasaren al Presidente de la República para su aprobación.

3o. Todos los negocios en que la Constitución exija señaladamente que se oiga al Consejo de Estado.

as it shall deem suitable, to fill those positions, this to be done upon nomination by the superior court designated by law, and in the form provided by it.

3. To suggest three names for archbishops and bishops, dignitaries, canons, and prebendaries of the cathedrals of the Republic.

4. To take cognizance of all matters pertaining to ecclesiastical patronage and protection which may be subject to litigation, hearing in all cases the opinion of the superior court of justice, designated by law for that purpose.

5. To take cognizance of conflicts of jurisdiction between the administrative authorities with each other, and the administrative authorities with the courts of justice.

6. To declare whether or not there is ground for the prosecution on criminal charges of intendants, military governors, and governors of departments. The case in which the accusation against an intendant is instituted by the Chamber of Deputies is excepted from this provision.

7. To give its assent to the declaration of a state of siege in one

more provinces invaded or threatened in case of foreign war.

8. To recommend the dismissal of the cabinet ministers, intendants, governors, or other public officials who prove to be guilty of an offense, incompetent, or neg ligent.

ART. 96. The President of the Republic shall submit to the consideration of the council of state: 1. All bills which he intends to introduce in Congress.

2. All acts passed by the Senate and Chamber of Deputies sent to him for approval.

3. All matters in which the Constitution requires expressly that the council of state should be heard.

4°. Los presupuestos anuales de gastos que han de pasarse al Congreso.

5o. Todos los negocios en que el Presidente juzgue conveniente oir el dictamen del Consejo.

ART. 97. El dictamen del Consejo de Estado es puramente consultivo, salvo en los especiales casos en que la Constitución requiere que el Presidente de la República proceda con su acuerdo. ART. 98. Los Consejeros de Estado son responsables de los dictámenes que presten al Presidente de la República contrarios á las leyes, y manifiestamente mal intencionados; y podrán ser acusados y juzgados en la forma que previenen los artículos 84 hasta 89 inclusive.

CAPÍTULO VII.

DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

ART. 99. La facultad de juzgar las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente á los tribunales establecidos por la ley. Ni el Congreso ni el Presidente de la República pueden en ningún caso ejercer funciones judiciales, ó avocarse causas pendientes, ó hacer revivir procesos fenecidos.

ART. 100. Sólo en virtud de una ley podrá hacerse innovación en las atribuciones de los tribunales, ó en el número de sus individuos.

ART. 101. Los Magistrados de los tribunales superiores y los jueces letrados de primera instancia permanecerán durante su buena comportación. Los jueces de comercio, los alcaldes ordinarios y otros jueces inferiores desempeñarán su respectiva judicatura por el tiempo que determinen las leyes. Los jueces no podrán ser depuestos de sus destinos, sean temporales ó perpetuos, sino por causa legalmente sentenciada.

ART. 102. Los jueces son personalmente responsables por los

4. The annual budget of expenditures to be submitted to Congress.

5. All other matters concerning which the President may judge it advisable to hear the opinion of the council.

ART. 97. The opinion of the council of state is simply advisory, except in the particular cases in which the Constitution requires that the President shall act in accordance with it.

ART. 98. The councilors of state shall be responsible for the opinions rendered by them to the President contrary to the laws and manifestly with evil intent; and they may be impeached and tried in the manner provided in articles 84 to 89, inclusive.

CHAPTER VII.

THE ADMINISTRATION OF JUSTICE.

ART. 99. The power of passing on civil and criminal causes belongs exclusively to the courts established by law. lished by law. Neither Congress nor the President of the Republic shall in any case exercise judicial powers or assume jurisdiction in pending causes or revive causes terminated.

ART. 100. Only by virtue of a law can any change be made in the functions of the courts or in the number of their members.

ART. 101. The judges of the superior courts and those of the courts of first instance shall hold office during good behavior. Judges of commerce, mayors, and other inferior judges shall hold their respective offices for the time specified by law. No judge, whether his tenure is for life or for a limited time, shall be removed from his office except for cause legally declared.

ART. 102. The judges are personally responsible for bribery,

crímenes de cohecho, falta de observancia de las leyes que arreglan el proceso, y en general por toda prevaricación, ó torcida administración de justicia. La ley determinará los casos y el modo de hacer efectiva esta responsabilidad. ART. 103. La ley determinará las calidades que respectivamente deban tener los jueces, y los años que deban haber ejercido la profesión de abogado los que fueren nombrados magistrados de los tribunales superiores ó jueces letrados.

ART. 104. Habrá en la República una magistratura á cuyo cargo esté la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales y juzgados de la Nación, con arreglo á la ley que determine su organización y atribuciones.

ART. 105. Una ley especial determinará la organización y atribuciones de todos los tribunales y juzgados que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República.

CAPÍTULO VIII.

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN INTERIOR.

ART. 106. El territorio de la República se divide en Provincias, las Provincias en Departamentos, los Departamentos en Subdelegaciones y las Subdelegaciones en Distritos.

DE LOS INTENDENTES.

ART. 107. El gobierno superior de cada Provincia en todos los ramos de la administración residirá en un Intendente, quien lo ejercerá con arreglo á las leyes y á las órdenes é instrucciones del Presidente de la República, de quien es agente natural é inmediato. Su duración es por tres años; pero puede repetirse su nombramiento indefinidamente.

failure to observe the laws of procedure, and in general for any wrong done by them in the administration of justice. The law shall determine the manner in which this responsibility shall be enforced.

ART. 103. The law shall determine the qualifications which judges shall respectively possess, and the number of years of legal practice which shall be required from lawyers to be appointed members of the superior courts, or judges learned in the law.

ART. 104. There shall be in the Republic one judicial authority entrusted with the directive, correctional, and economical superintendence of all the tribunals and courts of the nation, in accordance with the law determining its organization and attributes.

ART. 105. The organization and powers of the tribunals and courts that may be necessary for the prompt and complete administration of justice throughout the territory of the Republic shall be fixed by a special law.

CHAPTER VIII.
PROVINCIAL GOVERNMENT.

ART. 106. The territory of the Republic is divided into provinces, the provinces into departments, the departments into subdelegations, and the subdelegations into districts.

THE INTENDANTS.

ART. 107. The superior government of each province in all branches of the administration is vested in an intendant, who shall exercise his powers in accordance with the laws, under the orders. and instructions of the President of the Republic, whose natural and immediate agent he is. His term of office shall be three years, but he may be reappointed indefinitely.